Desde este espacio, mi pequeño homenaje a los cinco últimos represaliados por la dictadura franquista. Es un deber moral recordarlos, no olvidar la historia, ni silenciar sus voces. Aún hoy quedan miles de historias por conocer, vidas sesgadas por un régimen que goza de impunidad y del que parece que muchos tienen memoria selectiva.

Desde aquí me uno a la petición de sus familias porque de una vez se cuente la verdadera historia, de que se cambie por fin de los archivos policiales las fichas que aún dicen: asesinos por ASESINADOS.

1. El 27 de septiembre de 1975 cinco antifascistas eran fusilados en distintos lugares del estado. En Hoyo de Manzanares (Madrid), los militantes del PCE (m-l) y del FRAP: Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz. En Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el militante de ETA: Juan Paredes “Txiki”. Y en el Penal de Villalón (Burgos), el también militante de ETA: Ángel Otaegi.

2. Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz.

3. El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre de 1975, por unanimidad y pronunciamiento personal, ratificó las cinco sentencias de muerte y se conmutaron las de los militantes del PCE (m-l) y el FRAP: Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras.

4. Ante la ola de manifestaciones y protestas estatales e internacionales, de repulsa de estos crímenes, el 1 de Octubre 1975 un Franco balbuceante junto a Juan Carlos de Borbón salían al balcón del Palacio de Oriente a recibir los aplausos de los fascistas allí congregados. El dictador moría cuarenta días después y Juan Carlos era proclamado rey de la monarquía instaurada por Franco.

5. El Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y posteriormente el FRAP, presido por Julio Álvarez del Vayo, era ante todo un marco político de carácter frentista, antifascista y republicano, que adecuó sus formas de lucha y autodefensa popular a las ofensivas represivas de la dictadura.

6. La llamada Ley de Amnistía de 1977, es la base sobre la que construyó el modelo de impunidad español de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración permanente de los derechos humanos del nacional-catolicismo fascista español, y que pone en el mismo plano de igualdad a víctimas y verdugos.

7. El fascismo español ha sido denunciado en los procesos de Núremberg, en Naciones Unidas y por toda la legislación internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ratificado todo ello recientemente, por primera vez en sede judicial, por el juez Garzón.

8. La llamada Ley de la Memoria Histórica, la 52/07, es un simple maquillaje del modelo de impunidad construido en 1977. Una ley que deja fuera de la “memoria oficial” a los guerrilleros, luchadores por la Libertad y la República, a los niños secuestrados, robados a sus madres en las cárceles fascistas y entregadas a familias del régimen, a los que resistieron legítimamente al fascismo por todos los medios, que no anula las farsas de juicios de los tribunales ilegales del franquismo y otros aspectos no menos importantes de 40 años de violencia fascista.

9. Que es inadmisible que en 2009, todavía, la policía del estado español siga ratificándose en el carácter terrorista del FRAP basándose en una sentencia franquista y por tanto concediendo toda legalidad al sistema judicial de la dictadura.

Más allá de nuestros aciertos y errores, no renunciamos a nuestro pasado y presente antifascista y republicano. Ni aceptamos, ni nos resignamos a ser tratados de “terroristas”. Seguiremos, en el marco de esta democracia de baja intensidad y/o a nivel internacional, luchando por los principios democráticos de Verdad, Justicia y Reparación, contra la vulneración de los derechos humanos, contra las injustas sentencias de los tribunales militares y civiles, los crímenes de estado, las limitaciones de los derechos civiles, contra la tortura… aquí y en cualquier parte del mundo.

Estos actos, más allá de ser homenajes particulares lo son universales porque constituyen un reconocimiento a todos y todas las antifascistas del estado español, a todos y todas aquellas que dieron su vida por la libertad, a los asesinados en juicios farsa, a los esclavos y esclavas del fascismo, a los maquis, a los inmolados e inmoladas en los campos de exterminio nazis, a los que lucharon en las duras condiciones de clandestinidad contra el fascismo, en las cárceles, el exilio…, hasta la muerte del dictador y durante los “años de plomo” de la llamada Transición del régimen y sus cómplices “demócratas”. Y, desde luego, la denuncia de esa pirueta jurídica que califica a los militantes antifascistas que utilizaron todos los medios posibles para luchar contra la dictadura de “terroristas”.

En momentos como los actuales, donde un fascismo adaptado a las nuevas necesidades del capital, sigue siendo culpable de convulsiones económicas y políticas y retrocesos, gravísimos retrocesos, en los derechos sociales y democráticos conseguidos a través de la lucha, no sería vano recordar, que, pese a la “Transición” y a los “Pactos de la Moncloa”, los treinta y cinco años trascurridos, no nos han dado ni una sociedad más justa, ni los derechos de decisión, ni mayor grado de democracia, ni la ampliación substancial de los derechos participativos, ni la restitución de la legalidad republicana. Por tanto, la lucha por la ruptura democrática, bajo otras circunstancias políticas y organizativas, sigue vigente junto a su carácter antifascista.

Otro septiembre más, pese a los intentos de inducción a la amnesia colectiva y a la criminalización de la memoria de los últimas víctimas del franquismo, no olvidamos.